Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra hoy, TÜV Rheinland, empresa que ofrece servicios técnicos, de seguridad y certificación, explica cómo la nueva ley de Responsabilidad Ambiental afecta a las empresas. Empresa y medio ambiente, hasta ahora dos conceptos que parecían estar en conflicto, logran entenderse mutuamente.
Para hacer esto, las empresas tienen que cumplir con una serie de medidas para ser ecoeficientes. La Ley de Responsabilidad Ambiental, que entró en vigencia en 2007, obliga a los operadores dentro de su alcance a implementar medidas preventivas, evitar y reparar los daños ambientales que puedan causar, devolver los recursos dañados al estado en el estado en que se encontraban. Debido a la creciente preocupación de la población por la preservación del medio ambiente, el año pasado se aprobó una modificación del mismo, la Orden APM / 1040/2017, que exige a las empresas presentar una garantía financiera o, lo que es lo mismo, que justifica cómo Pueden pagar las posibles sanciones por dañar el medio ambiente. Las multas varían de 10,001 a 2 millones de euros, y pueden, en el caso de infracciones muy graves, perder las autorizaciones para operar.
La responsabilidad ambiental requiere que el propietario de la actividad económica o profesional que ha causado el daño que debe ser asumido por todos los costos de las medidas de prevención, evitación o reparación adoptadas.
Medidas medioambientales en empresas de logística.
La nueva medida es más estricta con las empresas clasificadas como prioridad 1 y 2. La primera, que incluye instalaciones de combustión con una potencia de más de 50 MW o las instalaciones para valorizar o eliminar desechos peligrosos, tenía hasta el 1 de noviembre de 2018 para presentar la garantía financiera.
Para la segunda categoría, donde están el coque, el refino de petróleo, la fabricación de sal por transformación química o la fabricación de explosivos, entre otros, el plazo finaliza el 1 de noviembre de este año.
Para evitar sanciones, las empresas, ya sean privadas o públicas, deben realizar un Análisis de Riesgo Ambiental y garantizarlo a través de un verificador acreditado. Si el importe resultante es inferior a 300.000 euros, el operador no tiene que hacer nada. Si se encuentra entre 300.000 y 2.000.000 euros, dependerá de si tiene o no una certificación ISO 14.000. Si supera los 2,000,000 de euros, debe suscribir una Garantía Financiera por el monto que resulte de dicho examen.
Según TÜV Rheinland España, «tener en cuenta estos aspectos permite a las empresas fortalecer su compromiso de actuar en asuntos ambientales, además de proporcionar una serie de beneficios para los trabajadores y la sociedad en términos de mejorar el medio ambiente y la calidad de vida en general».
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